En 1967, en el Congreso del Partido Socialista reunido los días 24, 25 y 26 de noviembre en la ciudad de Chillán, se aprobaron diversas declaraciones de objetivos y propósitos.
En materia de política interna, se proclamó lo siguiente:
1. “El Partido Socialista, como organización marxista leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural”.
2. “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político, y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués puede consolidarse la revolución socialista”.
3. “Las formas pacíficas o legales de lucha (reinvindicativas, ideológicas, electorales) no conducen por si mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. (Historia del Partido Socialista de Chile, por Julio César Jobet, pag. 313, Ediciones Documentas. Prólogo de Ricardo Nuñez)
En el plano internacional se afirmó:
1. “El partido Socialista solidarizó con todos los procesos socialistas iniciados en la URSS y Europa Oriental, en Asia y en Cuba, cuya revolución ha dado una dimensión diferente a la lucha de clases en nuestro continente y ha demostrado la viabilidad de la violencia revolucionaria para alcanzar el poder”.
Esta proclamación de lucha armada para destruir la institucionalidad democrática existente en Chile y establecer un sistema marxista, en connivencia con el gobierno cubano y los intereses del comunismo soviético en esta zona del mundo, significó el inicio de una etapa de división y enfrentamiento entre chilenos, cuyos efectos aún no parecen superados.
Existen en esta materia graves antecedentes y responsabilidades, que no han sido considerados por las autoridades políticas o judiciales, y generalmente silenciados por los medios de comunicación.
Sin embargo no podrán ser omitidos cuando se investigue con seriedad los hechos que constituyen nuestra historia reciente. Un período en que los chilenos tuvimos que optar entre seguir siendo una nación libre y democrática o dejarnos avasallar por la intervención y los métodos del comunismo soviético.
La declaración del Partido Socialista aprobada en su Congreso de Chillán en 1967 significó una declaración de guerra a todo el sistema institucional de Chile y, en especial, a las F.F.A.A. encargadas de garantizar esa institucionalidad.
La solidaridad que se expresó con la URSS y otros gobiernos de tendencia marxista, hizo evidente y público el propósito de alinear a Chile, en apoyo de las acciones y propósitos de la URSS y el comunismo internacional durante la llamada “guerra fría”.
En otro aspecto, resulta increíble que el gobierno y las autoridades de aquella época no hayan denunciado y sancionado la proclamación de la lucha armada por el Partido Socialista, que fue el inicio de un proceso que fatalmente llevaría a los chilenos a la división y al enfrentamiento y la guerra civil, pues la mayoría ciudadana no iba a aceptar que la minoría marxista alcanzara sus objetivos por la amenaza y la violencia.
El proyecto marxista leninista, para conquistar el poder era la negación de los derechos humanos y la libertad de los chilenos contrarios a someterse a un régimen opresivo e inhumano como los que imperaban en los países gobernados por los marxistas. Significaba, también, el intento de obligar a los chilenos a romper sus tradiciones enraizadas en la Cultura Occidental Cristiana para imponer, por el terror y la persecución, lo que ellos definían como el marxismo leninismo, es decir, las ideas de Marx y los métodos de Lenin.
Algunos han sostenido que los propósitos y acuerdos del Partido Socialista para alcanzar el poder por la lucha armada, no fueron mas que bravatas revolucionarias. Tratan de probar estos asertos afirmando que participaron en la elección presidencial de 1970 incorporados al sistema político electoral vigente. Pero olvidan mencionar que ya habían iniciado los preparativos para la lucha armada que proclamaron en Chillán, dando apoyo a los grupos extremistas que comenzaban a usar el terrorismo como arma de acción política y que nunca volvieron atrás en las ideas y propósitos acordados en el Congreso de Chillán.
En la campaña presidencial de 1970 usaron la táctica de sumergirse tras una apariencia democrática y así obtuvieron una votación del 36% de los votos, lo que no les permitía acceder al poder sin el apoyo de sectores democráticos no marxistas.
Ese apoyo lo lograron mediante un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, obligándose a gobernar dentro de la Constitución y las leyes, y reiterando especialmente aquellas disposiciones que garantizaban los derechos ciudadanos y las libertades públicas y, en especial, la libertad de educación. Se reiteró asimismo que los únicos cuerpos armados que podrían existir, serían los establecidos en el ordenamiento jurídico de Chile: Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros. Fue así como el Congreso Nacional eligió Presidente de la República al candidato socialista señor Salvador Allende, quien había obtenido poco mas de un tercio de la votación ciudadana.
La revista marxista “Punto Final” reprodujo una entrevista hecha a Allende por el conocido periodista francés Regis Debray, también marxista, quien preguntó: “Cómo pudiste pactar con la burguesía.” Allende responde: “Ubícate en el momento. Era necesario tomar el poder.”
Los acontecimientos que siguieron clarificaron el sentido de dicha respuesta. En efecto, los partidos de la Unidad Popular -socialista, comunistas y otros grupos menores de extrema izquierda- nunca tuvieron el propósito de gobernar ordenadamente el país, encauzando las reformas dentro de los marcos constitucionales y legales a que se habían comprometido. Todo lo contrario, deslumbrados por el éxito obtenido aceleraron el proceso revolucionario, imponiendo por el atropello, la persecución y la violencia, los objetivos que se habían propuesto antes de los compromisos que habían suscrito.
El ejemplo de Cuba y la presión del comunismo soviético, llevó a los nuevos gobernantes a equivocar el camino, a la desorganización y al fracaso. En ellos predominó el ímpetu revolucionario, la convicción ideológica por sobre la prudencia política y los intereses de Chile.
El propósito revolucionario de asegurar el “poder total” e implantar el sistema marxista leninista, predominó en la orientación del gobierno de la Unidad Popular, desconociendo o atropellando el compromiso de respetar la Constitución y las leyes.
Recordemos que el señor Allende había dicho en el Senado, al agradecer los votos de los parlamentarios demócrata cristianos, que le permitieron ser designado presidente, las siguientes palabras: “con el presidente de la Democracia Cristiana y con los integrantes de la Comisión Política de esa colectividad, no tuvimos otra preocupación que buscar el camino que aquí está consagrado”. Mas adelante agregó: “He venido a decir que estas disposiciones deben entenderse, no solo como principios consagrados en la carta fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia”.
Este compromiso, a que se refería el señor Allende, le obligaba a gobernar dentro de la Constitución y las leyes, y cerraba la posibilidad de impulsar la lucha armada que habían proclamado en Chillán en 1967 para alcanzar el poder total. Por otra parte, significaba rechazar los objetivos revolucionarios marxista leninistas proclamados y reiterados en la creación de “OLAS” (Organización Latino americana de Solidaridad), que funcionaba en La Habana y de la cual el mismo señor Allende era el presidente. El propósito proclamado por OLAS era promover la lucha armada en todo el continente para establecer gobiernos marxistas revolucionarios.
Así pues no era fácil cumplir simultáneamente los dos objetivos: gobierno constitucional y revolución armada. En la alternativa de elegir predominó la fiebre revolucionaria.
Un antecedente de la conducción revolucionaria lo encontramos en el acuerdo del Congreso Socialista de La Serena en 1971: “Revitalizar los comités de la Unidad Popular y convertirlos en instrumentos de poder político de los trabajadores, encomendándoles el manejo directo de las instituciones y organismos del Estado”.
El caos y los abusos que siguieron a este increíble “avance revolucionario”, en que el gobierno constitucional entregó de hecho la administración pública a los grupos mas extremistas y antidemocráticos, fueron indescriptibles y fatales para el país y el mismo gobierno, el que así cedía sus atribuciones y traspasaba de hecho el poder a los comités políticos.
Las actividades productivas ya estaban en manos de los agitadores marxistas. Recordemos el procedimiento que se usaba: un piquete marxista se instalaba en el acceso a un campo o a una industria y luego aparecía un “inspector” del Ministerio de Economía dejando constancia que esa unidad productiva había dejado de funcionar. Entonces el gobierno nombraba un interventor, nombramiento que generalmente recaía en un dirigente político de segunda o tercera categoría. Se prohibía el ingreso de los propietarios, y de los mandos medios, y tomaba el control el llamado Comité de la Unidad Popular.
La caída vertical de la producción agrícola e industrial, y de todas las actividades productivas relacionadas, fue el resultado de esta “nueva política económica” organizada por los dirigentes marxistas que aseguraban “estar dando importantes pasos para el avance de la revolución”. La escasez de los productos mas esenciales para el sustento de la familia y la inflación desatada por las emisiones del Banco Central, dirigido por el abogado comunista español Joan Garcés, fueron el resultado de todas estas medidas que se publicitaban en Chile y en el exterior, como avances revolucionarios.
Esta es otra de las páginas olvidadas de nuestra Historia.
Ya en Septiembre de 1972, a dos años de asumir el gobierno, el fracaso de la Unidad Popular era evidente. Las cifras de la economía demostraban el alza incontenible de los precios y la baja acelerada en las actividades productivas. Las reservas de divisas se extinguían rápidamente, y la escasez de productos básicos era un problema generalizado que se agravaba semana a semana en todos los hogares.
Entretanto el gobierno seguía en su propósito de provocar “la lucha armada” para alcanzar el poder total.
Hay un discurso del senador demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien había sido uno de los votantes a favor de Allende en el Congreso Pleno para elegir Presidente de la República. Veamos algunas de las expresiones del senador Aylwin: “La tesis de “la conquista de la totalidad del poder” como meta principal de toda la acción del oficialismo, ha sido reiteradamente anunciada por sus personeros más representativos y en múltiples documentos oficiales de los partidos de gobierno. El Secretario General del Partido Socialista, senador Altamirano, y el Secretario General del Partido Comunista, senador Corvalán, han insistido en ella reiteradas veces”.
“Según esa tesis, de claro fundamento marxista leninista, el gobierno solo significa para la Unidad Popular una parte del poder, y para llevar a completo término la revolución sería necesario conquistar también el Congreso, los Tribunales de Justicia, los medios de comunicación y, sobre todo, el poder económico y el control total de las bases sociales. Solo así se lograrían las condiciones de suficiente hegemonía, sin contrapesos, que los estrategas comunistas, socialistas, miristas y mapucistas – cualquiera que sean otras diferencias entre ellos – estiman indispensable para imponer el socialismo en Chile.” Y más adelante dice el senador Aylwin “En un reportaje sobre Chile publicado por “Le Monde” en Junio último, se pone en boca del señor Subsecretario de Economía la confesión siguiente “toda la política económica del actual gobierno está dirigida a un objetivo fundamental: la conquista del poder.”
Y agrega el senador Aylwin: “Aunque el ciudadano Presidente de la República llegó a su cargo en virtud del compromiso solemne que contrajo “ante su conciencia y ante la historia”, de ajustar íntegramente su conducta de gobernante a la Constitución y a las Leyes de la República, y aunque no pierda oportunidad para protestar de su respeto a la legalidad, lo cierto es que en los 22 meses del actual régimen el país ha ido presenciando un proceso progresivo de menosprecio y atropello a los principios y reglas esenciales del orden jurídico chileno”.
“Esta conducta, que está privando al gobierno del Presidente Allende del título de legitimidad que tuvo por su origen, es una expresión más del afán de poder y del espíritu totalitario que caracteriza al marxismo leninismo”.
Recordemos que en la Primera Conferencia de OLAS, en Agosto de 1967, a la cual concurrieron los dirigentes marxistas chilenos se había adoptado la resolución que transcribimos: “El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado, para cambiar el régimen socio económico existente. Este objetivo solo es alcanzable a través de la lucha armada, que será feroz y sin cuartel contra los ejércitos de las oligarquías”.
¡No podemos decir que no nos avisaron lo que pensaban hacer!
El desorden generalizado, la escasez de alimentos y productos básicos y la paralización de importantes sectores de actividades, hizo necesaria una reorganización política en esferas de gobierno y la incorporación de los altos mandos de las FF.AA., en cargos ministeriales.Ello creó expectativas de un cambio de orientación por parte del gobierno y una rectificación de las erradas políticas que se estaban impulsando. Pero a poco andar se demostró, en los hechos, que la idea predominante había sido utilizar el prestigio de las FFAA como respaldo para el Gobierno y, al mismo tiempo, asociarlas al intento de instaurar en Chile un sistema marxista-leninista rechazado por la mayoría de la opinión pública. La acción gubernamental se dirigió entonces, especialmente, a tratar de destruir la organización de los gremios y sindicatos mas representativos y asumir funciones que solo correspondían a los poderes Legislativo y Judicial.Por otra parte el gobierno estatizó la distribución de alimentos y creó las Juntas de Abastecimientos y Precios "JAP" en cada barrio y población, para tratar de manejar al pueblo bajo la amenaza del hambre. En otro plano, avanzó en el proyecto de establecer la concientización marxista en las escuelas (proyecto ENU) y organismos del Estado, y siguió empeñado en la creación de sus propias Fuerzas Armadas Revolucionarias, incorporando a ellas a miles de extremistas extranjeros convocados a Chile para impulsar la lucha armada.La elección de parlamentarios en Marzo de 1973 fue un fraude organizado. Según el estudio realizado por la Universidad Católica, se computaron miles de votos a favor de los candidatos de la Unidad Popular de electores inexistentes, por el simple expediente de entregar a las mismas personas dos o mas cédulas de identidad con distintos nombres y señales, para que pudieran inscribirse y votar varias veces. A pesar de ello la oposición democrática alcanzó una amplia mayoría, sin que este hecho modificase la actitud ni los procedimientos del gobierno.La agitación política creciente y el descontento de la población, anticipaban los síntomas de una rebelión generalizada a corto plazo, lo que originó el apresurado viaje a Chile de Carlos Rafael Rodríguez, Jefe del Partido Comunista en Cuba, trayendo una carta de solidaridad revolucionaria de Fidel Castro para el Presidente Allende. Llegó también el Jefe de la Policía Secreta, Manuel Piñeiro, quien se sumó a los cientos de agentes castristas que intervenían en todas las esferas del gobierno. Recordemos, además, que una hija del Presidente Allende había contraído matrimonio con Luis Fernández Oña, Agente de la Policía Política de Cuba, quien operaba en Chile como asesor presidencial.
En el clima de desorden y atropellos que se vivía, los otros poderes del Estado y las organizaciones mas representativas expresaron su rechazo y protestaron reiteradamente por las violaciones a la Constitución y a las leyes, en documentos y declaraciones que se hicieron públicas y compartidas por la inmensa mayoría de los chilenos. Cabe mencionar, al efecto, las comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y de los Colegios Profesionales.En efecto, el 26 de Mayo de 1973 la Corte Suprema oficia al señor Allende diciendo: "Esta Corte debe representar a V.E., por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales"; y el 25 de Junio, en otro oficio, dice: "Las atribuciones del Poder Judicial están siendo desconocidas por V.E., cohonestando así la rebeldía de la administración." Mas adelante agrega: "El Presidente ha asumido la tarea – difícil y penosa para quien conoce el Derecho solo por terceristas – de fijar a esta Corte las pautas de interpretación de la Ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial".
El 22 de Agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un trascendental acuerdo denunciando el atropello a la Constitución y las leyes por el gobierno de la Unidad Popular.
Dijo la Cámara de Diputados:
"Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha empeñado en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr, de ese modo, un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece".
"Para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la Ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conductas."
Enumera, enseguida, la Cámara de Diputados una larga lista de atropellos y arbitrariedades cometidas por el Gobierno:
"Ha usurpado al Congreso la función de legislar."
"Ha burlado la facultades fiscalizadoras de éste."
"Se ha negado a promulgar la Reforma Constitucional definiendo áreas de la economía."
"Ha burlado la acción de la Justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a los partidos de gobierno."
"Ha hecho tabla rasa de la separación de los poderes del Estado."
"Ha dejado sin aplicar las sentencias y resoluciones judiciales."
"Ha violado los dictámenes de la Contraloría General de la República."
"Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias en la distribución de alimentos y en numerosos otros aspectos."
"Ha atentado contra la libertad de expresión. Ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del régimen."
"Ha encarcelado ilegalmente a los periodistas de oposición."
"Ha violado la autonomía universitaria."
"Ha impedido el ejercicio del derecho de reunión."
"Ha atentado contra la libertad de enseñanza, aplicando subrepticiamente un plan educacional que persigue la concientización marxista."
"Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad."
"Ha incurrido en detenciones ilegales de personas por motivos políticos y las víctimas han sido sometidas a flagelaciones y torturas."
"Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales."
"Ha infringido la garantía constitucional que permite salir del país."
"Ha propiciado o amparado organismos sediciosos que sirven de base a la dictadura totalitaria sobre la población."
"Ha amparado la organización de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, están destinados a enfrentar a las FF.AA."
Con estos antecedentes la Cámara de Diputados llama "a los miembros de las FF.AA., que colaboran con el gobierno, "a poner inmediato término a todas las situaciones referidas que infringen la Constitución y las leyes."
Este acuerdo histórico de la Cámara de Diputados fue aprobado por amplia mayoría con los votos de los parlamentarios de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical, que también conformaban la mayoría del Senado. La sesión de la Cámara fue presidida por el diputado DC don Luis Pareto.
El referido acuerdo parlamentario tuvo un efecto determinante, pues significó que la mayoría ciudadana, expresada en las elecciones de Marzo de 1973, a través de sus representantes parlamentarios, convocaba a las FF.AA. a asumir la responsabilidad de poner fin a la ilegal y desastrosa gestión del gobierno de la Unidad Popular.
Veinte días mas tarde las FF.AA., y de Orden, asumieron su responsabilidad, fue ineludible.
En materia de política interna, se proclamó lo siguiente:
1. “El Partido Socialista, como organización marxista leninista, plantea la toma del poder como objetivo estratégico a cumplir por esta generación, para instaurar un Estado Revolucionario que libere a Chile de la dependencia y del retraso económico y cultural”.
2. “La violencia revolucionaria es inevitable y legítima. Resulta necesariamente del carácter represivo y armado del estado de clase. Constituye la única vía que conduce a la toma del poder político, y a su ulterior defensa y fortalecimiento. Sólo destruyendo el aparato burocrático y militar del estado burgués puede consolidarse la revolución socialista”.
3. “Las formas pacíficas o legales de lucha (reinvindicativas, ideológicas, electorales) no conducen por si mismas al poder. El Partido Socialista las considera como instrumentos limitados de acción, incorporados al proceso político que nos lleva a la lucha armada”. (Historia del Partido Socialista de Chile, por Julio César Jobet, pag. 313, Ediciones Documentas. Prólogo de Ricardo Nuñez)
En el plano internacional se afirmó:
1. “El partido Socialista solidarizó con todos los procesos socialistas iniciados en la URSS y Europa Oriental, en Asia y en Cuba, cuya revolución ha dado una dimensión diferente a la lucha de clases en nuestro continente y ha demostrado la viabilidad de la violencia revolucionaria para alcanzar el poder”.
Esta proclamación de lucha armada para destruir la institucionalidad democrática existente en Chile y establecer un sistema marxista, en connivencia con el gobierno cubano y los intereses del comunismo soviético en esta zona del mundo, significó el inicio de una etapa de división y enfrentamiento entre chilenos, cuyos efectos aún no parecen superados.
Existen en esta materia graves antecedentes y responsabilidades, que no han sido considerados por las autoridades políticas o judiciales, y generalmente silenciados por los medios de comunicación.
Sin embargo no podrán ser omitidos cuando se investigue con seriedad los hechos que constituyen nuestra historia reciente. Un período en que los chilenos tuvimos que optar entre seguir siendo una nación libre y democrática o dejarnos avasallar por la intervención y los métodos del comunismo soviético.
La declaración del Partido Socialista aprobada en su Congreso de Chillán en 1967 significó una declaración de guerra a todo el sistema institucional de Chile y, en especial, a las F.F.A.A. encargadas de garantizar esa institucionalidad.
La solidaridad que se expresó con la URSS y otros gobiernos de tendencia marxista, hizo evidente y público el propósito de alinear a Chile, en apoyo de las acciones y propósitos de la URSS y el comunismo internacional durante la llamada “guerra fría”.
En otro aspecto, resulta increíble que el gobierno y las autoridades de aquella época no hayan denunciado y sancionado la proclamación de la lucha armada por el Partido Socialista, que fue el inicio de un proceso que fatalmente llevaría a los chilenos a la división y al enfrentamiento y la guerra civil, pues la mayoría ciudadana no iba a aceptar que la minoría marxista alcanzara sus objetivos por la amenaza y la violencia.
El proyecto marxista leninista, para conquistar el poder era la negación de los derechos humanos y la libertad de los chilenos contrarios a someterse a un régimen opresivo e inhumano como los que imperaban en los países gobernados por los marxistas. Significaba, también, el intento de obligar a los chilenos a romper sus tradiciones enraizadas en la Cultura Occidental Cristiana para imponer, por el terror y la persecución, lo que ellos definían como el marxismo leninismo, es decir, las ideas de Marx y los métodos de Lenin.
Algunos han sostenido que los propósitos y acuerdos del Partido Socialista para alcanzar el poder por la lucha armada, no fueron mas que bravatas revolucionarias. Tratan de probar estos asertos afirmando que participaron en la elección presidencial de 1970 incorporados al sistema político electoral vigente. Pero olvidan mencionar que ya habían iniciado los preparativos para la lucha armada que proclamaron en Chillán, dando apoyo a los grupos extremistas que comenzaban a usar el terrorismo como arma de acción política y que nunca volvieron atrás en las ideas y propósitos acordados en el Congreso de Chillán.
En la campaña presidencial de 1970 usaron la táctica de sumergirse tras una apariencia democrática y así obtuvieron una votación del 36% de los votos, lo que no les permitía acceder al poder sin el apoyo de sectores democráticos no marxistas.
Ese apoyo lo lograron mediante un acuerdo con el Partido Demócrata Cristiano, obligándose a gobernar dentro de la Constitución y las leyes, y reiterando especialmente aquellas disposiciones que garantizaban los derechos ciudadanos y las libertades públicas y, en especial, la libertad de educación. Se reiteró asimismo que los únicos cuerpos armados que podrían existir, serían los establecidos en el ordenamiento jurídico de Chile: Armada, Ejército, Fuerza Aérea y Carabineros. Fue así como el Congreso Nacional eligió Presidente de la República al candidato socialista señor Salvador Allende, quien había obtenido poco mas de un tercio de la votación ciudadana.
La revista marxista “Punto Final” reprodujo una entrevista hecha a Allende por el conocido periodista francés Regis Debray, también marxista, quien preguntó: “Cómo pudiste pactar con la burguesía.” Allende responde: “Ubícate en el momento. Era necesario tomar el poder.”
Los acontecimientos que siguieron clarificaron el sentido de dicha respuesta. En efecto, los partidos de la Unidad Popular -socialista, comunistas y otros grupos menores de extrema izquierda- nunca tuvieron el propósito de gobernar ordenadamente el país, encauzando las reformas dentro de los marcos constitucionales y legales a que se habían comprometido. Todo lo contrario, deslumbrados por el éxito obtenido aceleraron el proceso revolucionario, imponiendo por el atropello, la persecución y la violencia, los objetivos que se habían propuesto antes de los compromisos que habían suscrito.
El ejemplo de Cuba y la presión del comunismo soviético, llevó a los nuevos gobernantes a equivocar el camino, a la desorganización y al fracaso. En ellos predominó el ímpetu revolucionario, la convicción ideológica por sobre la prudencia política y los intereses de Chile.
El propósito revolucionario de asegurar el “poder total” e implantar el sistema marxista leninista, predominó en la orientación del gobierno de la Unidad Popular, desconociendo o atropellando el compromiso de respetar la Constitución y las leyes.
Recordemos que el señor Allende había dicho en el Senado, al agradecer los votos de los parlamentarios demócrata cristianos, que le permitieron ser designado presidente, las siguientes palabras: “con el presidente de la Democracia Cristiana y con los integrantes de la Comisión Política de esa colectividad, no tuvimos otra preocupación que buscar el camino que aquí está consagrado”. Mas adelante agregó: “He venido a decir que estas disposiciones deben entenderse, no solo como principios consagrados en la carta fundamental, sino como la regla moral de un compromiso ante nuestra propia conciencia y ante la historia”.
Este compromiso, a que se refería el señor Allende, le obligaba a gobernar dentro de la Constitución y las leyes, y cerraba la posibilidad de impulsar la lucha armada que habían proclamado en Chillán en 1967 para alcanzar el poder total. Por otra parte, significaba rechazar los objetivos revolucionarios marxista leninistas proclamados y reiterados en la creación de “OLAS” (Organización Latino americana de Solidaridad), que funcionaba en La Habana y de la cual el mismo señor Allende era el presidente. El propósito proclamado por OLAS era promover la lucha armada en todo el continente para establecer gobiernos marxistas revolucionarios.
Así pues no era fácil cumplir simultáneamente los dos objetivos: gobierno constitucional y revolución armada. En la alternativa de elegir predominó la fiebre revolucionaria.
Un antecedente de la conducción revolucionaria lo encontramos en el acuerdo del Congreso Socialista de La Serena en 1971: “Revitalizar los comités de la Unidad Popular y convertirlos en instrumentos de poder político de los trabajadores, encomendándoles el manejo directo de las instituciones y organismos del Estado”.
El caos y los abusos que siguieron a este increíble “avance revolucionario”, en que el gobierno constitucional entregó de hecho la administración pública a los grupos mas extremistas y antidemocráticos, fueron indescriptibles y fatales para el país y el mismo gobierno, el que así cedía sus atribuciones y traspasaba de hecho el poder a los comités políticos.
Las actividades productivas ya estaban en manos de los agitadores marxistas. Recordemos el procedimiento que se usaba: un piquete marxista se instalaba en el acceso a un campo o a una industria y luego aparecía un “inspector” del Ministerio de Economía dejando constancia que esa unidad productiva había dejado de funcionar. Entonces el gobierno nombraba un interventor, nombramiento que generalmente recaía en un dirigente político de segunda o tercera categoría. Se prohibía el ingreso de los propietarios, y de los mandos medios, y tomaba el control el llamado Comité de la Unidad Popular.
La caída vertical de la producción agrícola e industrial, y de todas las actividades productivas relacionadas, fue el resultado de esta “nueva política económica” organizada por los dirigentes marxistas que aseguraban “estar dando importantes pasos para el avance de la revolución”. La escasez de los productos mas esenciales para el sustento de la familia y la inflación desatada por las emisiones del Banco Central, dirigido por el abogado comunista español Joan Garcés, fueron el resultado de todas estas medidas que se publicitaban en Chile y en el exterior, como avances revolucionarios.
Esta es otra de las páginas olvidadas de nuestra Historia.
Ya en Septiembre de 1972, a dos años de asumir el gobierno, el fracaso de la Unidad Popular era evidente. Las cifras de la economía demostraban el alza incontenible de los precios y la baja acelerada en las actividades productivas. Las reservas de divisas se extinguían rápidamente, y la escasez de productos básicos era un problema generalizado que se agravaba semana a semana en todos los hogares.
Entretanto el gobierno seguía en su propósito de provocar “la lucha armada” para alcanzar el poder total.
Hay un discurso del senador demócrata cristiano Patricio Aylwin, quien había sido uno de los votantes a favor de Allende en el Congreso Pleno para elegir Presidente de la República. Veamos algunas de las expresiones del senador Aylwin: “La tesis de “la conquista de la totalidad del poder” como meta principal de toda la acción del oficialismo, ha sido reiteradamente anunciada por sus personeros más representativos y en múltiples documentos oficiales de los partidos de gobierno. El Secretario General del Partido Socialista, senador Altamirano, y el Secretario General del Partido Comunista, senador Corvalán, han insistido en ella reiteradas veces”.
“Según esa tesis, de claro fundamento marxista leninista, el gobierno solo significa para la Unidad Popular una parte del poder, y para llevar a completo término la revolución sería necesario conquistar también el Congreso, los Tribunales de Justicia, los medios de comunicación y, sobre todo, el poder económico y el control total de las bases sociales. Solo así se lograrían las condiciones de suficiente hegemonía, sin contrapesos, que los estrategas comunistas, socialistas, miristas y mapucistas – cualquiera que sean otras diferencias entre ellos – estiman indispensable para imponer el socialismo en Chile.” Y más adelante dice el senador Aylwin “En un reportaje sobre Chile publicado por “Le Monde” en Junio último, se pone en boca del señor Subsecretario de Economía la confesión siguiente “toda la política económica del actual gobierno está dirigida a un objetivo fundamental: la conquista del poder.”
Y agrega el senador Aylwin: “Aunque el ciudadano Presidente de la República llegó a su cargo en virtud del compromiso solemne que contrajo “ante su conciencia y ante la historia”, de ajustar íntegramente su conducta de gobernante a la Constitución y a las Leyes de la República, y aunque no pierda oportunidad para protestar de su respeto a la legalidad, lo cierto es que en los 22 meses del actual régimen el país ha ido presenciando un proceso progresivo de menosprecio y atropello a los principios y reglas esenciales del orden jurídico chileno”.
“Esta conducta, que está privando al gobierno del Presidente Allende del título de legitimidad que tuvo por su origen, es una expresión más del afán de poder y del espíritu totalitario que caracteriza al marxismo leninismo”.
Recordemos que en la Primera Conferencia de OLAS, en Agosto de 1967, a la cual concurrieron los dirigentes marxistas chilenos se había adoptado la resolución que transcribimos: “El primer objetivo de la revolución popular en el continente es la toma del poder mediante la destrucción del aparato burocrático y militar del Estado y su reemplazo por el pueblo armado, para cambiar el régimen socio económico existente. Este objetivo solo es alcanzable a través de la lucha armada, que será feroz y sin cuartel contra los ejércitos de las oligarquías”.
¡No podemos decir que no nos avisaron lo que pensaban hacer!
El desorden generalizado, la escasez de alimentos y productos básicos y la paralización de importantes sectores de actividades, hizo necesaria una reorganización política en esferas de gobierno y la incorporación de los altos mandos de las FF.AA., en cargos ministeriales.Ello creó expectativas de un cambio de orientación por parte del gobierno y una rectificación de las erradas políticas que se estaban impulsando. Pero a poco andar se demostró, en los hechos, que la idea predominante había sido utilizar el prestigio de las FFAA como respaldo para el Gobierno y, al mismo tiempo, asociarlas al intento de instaurar en Chile un sistema marxista-leninista rechazado por la mayoría de la opinión pública. La acción gubernamental se dirigió entonces, especialmente, a tratar de destruir la organización de los gremios y sindicatos mas representativos y asumir funciones que solo correspondían a los poderes Legislativo y Judicial.Por otra parte el gobierno estatizó la distribución de alimentos y creó las Juntas de Abastecimientos y Precios "JAP" en cada barrio y población, para tratar de manejar al pueblo bajo la amenaza del hambre. En otro plano, avanzó en el proyecto de establecer la concientización marxista en las escuelas (proyecto ENU) y organismos del Estado, y siguió empeñado en la creación de sus propias Fuerzas Armadas Revolucionarias, incorporando a ellas a miles de extremistas extranjeros convocados a Chile para impulsar la lucha armada.La elección de parlamentarios en Marzo de 1973 fue un fraude organizado. Según el estudio realizado por la Universidad Católica, se computaron miles de votos a favor de los candidatos de la Unidad Popular de electores inexistentes, por el simple expediente de entregar a las mismas personas dos o mas cédulas de identidad con distintos nombres y señales, para que pudieran inscribirse y votar varias veces. A pesar de ello la oposición democrática alcanzó una amplia mayoría, sin que este hecho modificase la actitud ni los procedimientos del gobierno.La agitación política creciente y el descontento de la población, anticipaban los síntomas de una rebelión generalizada a corto plazo, lo que originó el apresurado viaje a Chile de Carlos Rafael Rodríguez, Jefe del Partido Comunista en Cuba, trayendo una carta de solidaridad revolucionaria de Fidel Castro para el Presidente Allende. Llegó también el Jefe de la Policía Secreta, Manuel Piñeiro, quien se sumó a los cientos de agentes castristas que intervenían en todas las esferas del gobierno. Recordemos, además, que una hija del Presidente Allende había contraído matrimonio con Luis Fernández Oña, Agente de la Policía Política de Cuba, quien operaba en Chile como asesor presidencial.
En el clima de desorden y atropellos que se vivía, los otros poderes del Estado y las organizaciones mas representativas expresaron su rechazo y protestaron reiteradamente por las violaciones a la Constitución y a las leyes, en documentos y declaraciones que se hicieron públicas y compartidas por la inmensa mayoría de los chilenos. Cabe mencionar, al efecto, las comunicaciones de la Corte Suprema de Justicia y de los Colegios Profesionales.En efecto, el 26 de Mayo de 1973 la Corte Suprema oficia al señor Allende diciendo: "Esta Corte debe representar a V.E., por enésima vez, la actitud ilegal de la autoridad administrativa en la ilícita intromisión en asuntos judiciales"; y el 25 de Junio, en otro oficio, dice: "Las atribuciones del Poder Judicial están siendo desconocidas por V.E., cohonestando así la rebeldía de la administración." Mas adelante agrega: "El Presidente ha asumido la tarea – difícil y penosa para quien conoce el Derecho solo por terceristas – de fijar a esta Corte las pautas de interpretación de la Ley, misión que en los asuntos que le son encomendados compete exclusivamente al Poder Judicial".
El 22 de Agosto de 1973 la Cámara de Diputados aprobó un trascendental acuerdo denunciando el atropello a la Constitución y las leyes por el gobierno de la Unidad Popular.
Dijo la Cámara de Diputados:
"Es un hecho que el actual gobierno de la República, desde sus inicios, se ha empeñado en conquistar el poder total con el evidente propósito de someter a todas las personas al más estricto control económico y político por parte del Estado y lograr, de ese modo, un sistema totalitario absolutamente opuesto al sistema democrático representativo que la Constitución establece".
"Para lograr ese fin el gobierno no ha incurrido en violaciones aisladas de la Constitución y de la Ley, sino que ha hecho de ellas un sistema permanente de conductas."
Enumera, enseguida, la Cámara de Diputados una larga lista de atropellos y arbitrariedades cometidas por el Gobierno:
"Ha usurpado al Congreso la función de legislar."
"Ha burlado la facultades fiscalizadoras de éste."
"Se ha negado a promulgar la Reforma Constitucional definiendo áreas de la economía."
"Ha burlado la acción de la Justicia en los casos de delincuentes que pertenecen a los partidos de gobierno."
"Ha hecho tabla rasa de la separación de los poderes del Estado."
"Ha dejado sin aplicar las sentencias y resoluciones judiciales."
"Ha violado los dictámenes de la Contraloría General de la República."
"Ha violado el principio de igualdad ante la ley mediante discriminaciones sectarias en la distribución de alimentos y en numerosos otros aspectos."
"Ha atentado contra la libertad de expresión. Ejerciendo toda clase de presiones económicas contra los órganos de difusión que no son incondicionales del régimen."
"Ha encarcelado ilegalmente a los periodistas de oposición."
"Ha violado la autonomía universitaria."
"Ha impedido el ejercicio del derecho de reunión."
"Ha atentado contra la libertad de enseñanza, aplicando subrepticiamente un plan educacional que persigue la concientización marxista."
"Ha violado sistemáticamente la garantía constitucional del derecho de propiedad."
"Ha incurrido en detenciones ilegales de personas por motivos políticos y las víctimas han sido sometidas a flagelaciones y torturas."
"Ha desconocido los derechos de los trabajadores y de sus organizaciones sindicales o gremiales."
"Ha infringido la garantía constitucional que permite salir del país."
"Ha propiciado o amparado organismos sediciosos que sirven de base a la dictadura totalitaria sobre la población."
"Ha amparado la organización de grupos armados que, además de atentar contra la seguridad de las personas y sus derechos, están destinados a enfrentar a las FF.AA."
Con estos antecedentes la Cámara de Diputados llama "a los miembros de las FF.AA., que colaboran con el gobierno, "a poner inmediato término a todas las situaciones referidas que infringen la Constitución y las leyes."
Este acuerdo histórico de la Cámara de Diputados fue aprobado por amplia mayoría con los votos de los parlamentarios de los partidos Nacional, Demócrata Cristiano y Democracia Radical, que también conformaban la mayoría del Senado. La sesión de la Cámara fue presidida por el diputado DC don Luis Pareto.
El referido acuerdo parlamentario tuvo un efecto determinante, pues significó que la mayoría ciudadana, expresada en las elecciones de Marzo de 1973, a través de sus representantes parlamentarios, convocaba a las FF.AA. a asumir la responsabilidad de poner fin a la ilegal y desastrosa gestión del gobierno de la Unidad Popular.
Veinte días mas tarde las FF.AA., y de Orden, asumieron su responsabilidad, fue ineludible.
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